viernes, 6 de julio de 2012

Reforma Educacional de 1990




Días antes de la vuelta a la democracia se promulga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) diseñada para asegurar la permanencia de los cambios establecidos durante el Régimen Militar entre ellos la municipalización, el tipo de financiamiento, la distribución de los gastos y el sistema de medición de logros de los alumnos (SIMCE).


Bajo ese contexto se recibe a un sistema educativo con un presupuesto muy ajustado y con un estancamiento cognitivo importante. Esto fue algo que no tuvo solución inmediata ya que tuvieron que pasar varios años para que los respectivos gobiernos de la concertación aumentaran el presupuesto para educación e impulsaran diversos proyectos de mejora educativa.




Los dos criterios articuladores del conjunto de las políticas educacionales instauradas en los años 90’ son cobertura universal para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y programas compensatorios focalizados en las escuelas y liceos de menores recursos con bajos resultados de aprendizaje para el mejoramiento de la equidad. 

El primer programa en este sentido es el de las 900 escuelas (P-900) o de Escuelas Focalizadas, cuya orientación era precisamente el reforzamiento del trabajo pedagógico con aquellas escuelas de más bajo rendimiento en la prueba SIMCE de 4° básico. Esta iniciativa fue financiada inicialmente por la cooperación internacional, ya que el presupuesto del sector estaba claramente mermado. Paralelamente se implementó un programa piloto de educación básica rural, el que derivaría el año 1992 en el Programa Mece Básica Rural. Luego este programa también se implementaría en escuelas del ámbito urbano. 

 


Entre los años 1994 -1995 se amplía la cobertura del proyecto Enlaces, que inició como un proyecto experimental muy reducido pero fue creciendo con el tiempo a una escala exponencial, pasando de 55 establecimientos educacionales en el año 1994 a 183 en 1995.


 
Anexo a los esfuerzos por mejorar el ámbito académico se desarrolló y tramitó el Estatuto Docente, promulgado finalmente en julio de 1991, cuyo sentido inicial fue contrarrestar la falta de regulaciones en la que se encontraba el sector docente.

Cambios posteriores se enfocaron en cambios en la duración de la jornada escolar (Jornada Escolar Completa) y en la obligatriedad de la Enseñanza Media, culminando este proceso reformista con la Revolución Pingüina y la posterior derogación de la LOCE.

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